Principio Fundamental
Señala Lares Martínez, en su Manual de Derecho Administrativo (2001), que la responsabilidad de los funcionarios públicos es una institución esencial en el estado de derecho. Poco valdría la definición de las atribuciones y deberes de los agentes públicos, si éstos pudieran impunemente extralimitarse en el ejercicio de las primeras y dejar de observar el cumplimiento de los segundos. No es suficiente con la declaración de nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho: Es necesario, además, que mediante sanciones de diverso orden, se mantenga a los funcionarios dentro del círculo preciso de las atribuciones y deberes que las normas jurídicas les trazan.
Entre nosotros, el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos está consagrado en el artículo 139 dela Constitución, conforme al cual, «el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación dela Constitucióno las leyes».
Según el numeral 5 del artículo 285 dela Constitución, corresponde al Ministerio Público, intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones. Conforme a este texto dela Carta Fundamental, existen estas formas de responsabilidad: civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria. Hay otra forma de responsabilidad, extraña a nuestro estudio, en el cual pueden incurrir ciertos altos funcionarios públicos o gobernantes -los ministros y los gobernadores de Estado-y es la responsabilidad política, que se traduce en los votos de censura y, en ciertas ocasiones, en la remoción.
Diversas Formas de Responsabilidad
Incurren en responsabilidad pena, los agentes públicos que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realizan infracciones expresamente previstas por las leyes como delitos o faltas, y sancionadas legalmente con penas determinadas. Dicha responsabilidad acarrea la condena impuesta por los tribunales, al cumplimiento de las penas, corporales o incorporales, establecidas por el legislador. «Existen delitos que se castigan, cualquiera que sea la persona que los cometa, pero en caso de realizarlos un funcionario público producen una agravación de la pena o una transformación de la figura delictiva. Hay otros en que, por el contrario, la condición de funcionario es indispensable de tal modo que, sin ella, la figura delictiva desaparece» (Ruiz y Górnez, I935: 4I2).
Según el concepto doctrinal, incurre en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio. Se le ha denominado igualmente responsabilidad disciplinaria. Las infracciones a los deberes del funcionario, se sancionan con medidas disciplinarias. Este parece haber sido el criterio del Constituyente, al referirse en el artículo 285, numeral 5 dela Constitución, a la «responsabilidad administrativa o disciplinaria», como identificando uno y otros conceptos.
Sin embargo,la Ley Orgánicade Salvaguarda del Patrimonio Público contiene disposiciones según las cuales no son una misma cosa la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. De no ser dos responsabilidades distintas, puede sostenerse que, según el criterio legislativo, la responsabilidad disciplinaria comprende sólo una parte de la responsabilidad administrativa.
La ResponsabilidadCivildel funcionario se incurre cuando éste, en ejercicio de sus funciones, con intención o por negligencia o por imprudencia o abuso de poder causa daño a los particulares o ala Administración.Lafalta del funcionario genera en estos casos la obligación de indemnizar, o sea, reparar pecuniariamente los daños causados. El daño puede ser causado a particulares o a la propia Administración.
Responsabilidad en las Contrataciones Públicas
La Ley de Contrataciones Públicas vigente, en su artículo 130, establece una serie de sanciones aplicadas a los Funcionarios Públicos que incurran en los hechos descritos en el texto del mencionado artículo, el cual dispone expresamente lo siguiente:
Sanciones a los funcionarios públicos
Artículo 130. Independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa, serán sancionados con multa de cien unidades tributarias (100 UT) a quinientas unidades tributarias (500 UT), a los funcionarios de los órganos y entes contratantes sujetos a la presente Ley que:
1. Cuando procedan a seleccionar por la modalidad de Contratación Directa o Consulta de Precios en violación de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.
2. Acuerden o nieguen de manera injustificada la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Contratistas, o incumplan los plazos establecidos para ellos.
3. Nieguen injustificadamente a los participantes, el acceso al expediente de contratación o a parte de su contenido.
4. Incumplan el deber de suministrar al Servicio Nacional de Contrataciones, la información requerida de conformidad con el presente Ley y su Reglamento.
5. Cuando la máxima autoridad administrativa del órgano o ente contratante se abstenga injustificadamente a declarar la nulidad del acto o del contrato, según lo previsto en la presente Ley.
Del texto del artículo citado se desprende que además de aquellas responsabilidades propias a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, tales como la civil, penal, administrativa, disciplinaria, también incurrirán en la descrita en el artículo en comento, aquellos que directamente se encuentren vinculados con la actividad de las contrataciones públicas, más específicamente cuando cometan alguno de los hechos descritos, acarreándoles básicamente una sanción pecuniaria, por cuanto se trata de multa expresada en unidades tributarias.
Bibliografía
Lares M., Eloy. (2001). Manual de Derecho Administrativo. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
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