Este delito está tipificado en el artículo 439 del Código Penal, en los siguientes términos:
El que abusando de los medios de corrección o disciplina, haya ocasionado un perjuicio o un peligro a la salud de alguna persona que se halle sometida a su autoridad, educación, instrucción, cuidado, vigilancia o guarda, o que se encuentre bajo su dirección con motivo de su arte o profesión, será castigado con prisión de uno a doce meses, según la gravedad del daño.
Para que exista este delito, es menester que el sujeto activo le haya ocasionado al sujeto pasivo un daño, o siquiera un peligro, a la salud. Es necesario advertir que se requiere que el agente no tenga intención de matar ni de lesionar al sujeto pasivo, porque si obra con tales intenciones, habrá homicidio o lesiones. En el delito que se estudia, el agente obra con la intención de corregir o disciplinar al sujeto pasivo, pero del abuso del medio disciplinario se deriva el resultado dañoso o peligroso para la víctima.
El sujeto activo de este delito es el superior (padre, tutor, maestro), es decir, la persona que tiene al sujeto pasivo bajo su autoridad, guarda o cuidado.
El sujeto pasivo es la persona subordinada a la autoridad del agente.
Para que se dé el delito en estudio, es indispensable que el sujeto activo se valga de un medio disciplinario. Es obvio que si el agente emplea un medio que no lo es (por ejemplo, un revólver), está revelando que no pretende disciplinar o corregir al sujeto pasivo, sino matarlo o lesionarlo.
La pena aplicable a quien perpetre este delito es de prisión de uno a doce meses, según la gravedad del daño (o del peligro). Para graduar esta pena, es indispensable un peritaje médico-legal, que permita determinar cuál fue la entidad del daño o del peligro para la salud de la persona ofendida.
El delito en examen es de acción pública, y para enjuiciar al agente se debe seguir el procedimiento penal ordinario.
- La sevicia en las familias
Este delito está tipificado en el artículo 440 del Código Penal, de las siguientes maneras:
El que, fuera de los casos previstos en el artículo precedente, haya empleado malos tratamientos contra algún niño menor de doce años, será castigado con prisión de tres a quince meses.
Si los malos tratamientos se han ejecutado en un descendiente, ascendiente o afín en línea recta, la prisión será de seis a treinta meses.
El enjuiciamiento no tendrá lugar sino por acusación de la parte ofendida, si los malos tratamientos se han empleado contra el cónyuge; y si éste fuere menor, la querella podrá promoverse también por las personas que, a no existir el matrimonio, tendrían la patria potestad o la autoridad tutelar sobre el agraviado.
Existe el delito en estudio cuando el sujeto activo emplea malos tratamientos bien contra un niño menor de doce años, bien contra un ascendiente (el hijo contra el padre, por ejemplo), bien contra un descendiente (el padre contra el hijo, por ejemplo), bien contra un afín en línea recta (el yerno o la nuera contra los suegros, o a la inversa), o por último, contra el cónyuge.
No se exige, en este caso, a diferencia de lo que ocurre en el delito de abuso en la corrección o disciplina, que haya superioridad del sujeto activo, con relación al sujeto pasivo. Así, puede ocurrir que el hijo maltrate al padre o que la esposa, subordinada al marido, sea la que ejerza contra éste los malos tratamientos. Hoy, la esposa no está sometida al marido.
El delito es doloso, supone en el agente la intención de maltratar al sujeto pasivo. El delito es de acción privada solamente en un caso: cuando uno de los cónyuges maltrata al otro. En las hipótesis restantes, el delito es de acción pública.
Como establece el Código Penal, si el cónyuge maltratado fuere menor, la titularidad y la disponibilidad del ejercicio de la acción penal corresponden a las personas que, de no existir el matrimonio, ni, por tanto, la emancipación de Derecho que el matrimonio produce (artículo 382 del Código Civil), ejercerían la patria potestad o la autoridad tutelar sobre el cónyuge agraviado.
Para enjuiciar al sujeto activo, debe seguirse el procedimiento penal ordinario.
En los casos previstos en los artículos precedentes, si hay constancia de que en el culpable que ejerce la patria potestad, son habituales los hechos que han motivado el enjuiciamiento, el Juez declarará que la condena lleva consigo, respecto de dicho culpable, la pérdida de todos los derechos que por causa de la misma patria potestad le confiere la ley en la persona y los bienes del ofendido; y en lo que concierne al tutor, deberá en todo caso declarar la destitución de la tutela y la exclusión de cualesquiera otras funciones tutelares (Artículo 441 del Código Penal).
El fundamento de esta disposición común es evidente: el abuso de la patria potestad o del poder tutelar. No debe olvidarse que el ejercicio de la patria potestad y de la tutela han de tener por norte el beneficio del hijo o del pupilo.
BIBLIOGRAFÍA
Código Penal de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.494 Extraordinario. Fecha: Octubre 20 de 2000.
Grisanti, A. (2007). Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Caracas, Venezuela: Vadell Hermanos Editores.
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